jueves, 27 de noviembre de 2014

Carta a los diputados sobre matemática básica y justicia electoral

Durante años el Fomilenio II estuvo en el centro de la discusión nacional. Pero la agenda estuvo dominada por las condiciones que pusieron los Estados Unidos para nuevamente tomarnos en cuenta para estos "Fondos del Milenio". Washington exigió reformas legislativas para el lavado de dinero, y durante meses gobierno, posición, medios y empresa privada debatieron extensamente si los políticos y ex-funcionarios y sus familiares de gobierno deberían o no estar incluidos en los mecanismos de control del lavado de dinero mal habido. Al fin medio se resolvió, por presión de Estados Unidos.
Washington puso como otro requerimiento que El Salvador establezca una institución fuerte y más autónoma para regular y supervisar la creación y operación de los Asocios Públicos Privados, y comenzó otra batalla en la Asamblea y en los medios, hasta que al final el FMLN y Funes aceptaran a los Estados Unidos lo que tercamente se habían negado a aceptar a la oposición y los gremios empresariales.


En medio de esta discusión sobre los requerimientos institucionales para el Fomilenio II todos, sin excepción, nos olvidamos a discutir el contenido. Ahora me pregunto: ¿Y en base de qué debate, de qué estudio, de qué concertación nacional sobre las prioridades para nuestro país el gobierno decidió que el segundo Fomilenio iba a enfocarse en la zona costera? Los proyectos de desarrollo para la zona costera me parecen interesantes, y bien ejecutados seguramente constituirán un aporte importante al país y mejorarían la vida de mucha gente. Sin duda será así, sobre todo sabiendo cómo Estados Unidos impone reglas claras y transparencia para el manejo de los fondos. Pero pregunto: ¿Se presentó un documento bien fundamentado en análisis, estudios económicos y datos, que defina una jerarquía de prioridades, para argumentar que es en la zona costera, en turismo y logística que está la llave para destrabar la falta de crecimiento y seguridad en nuestro país? Que yo sepa, no existe tal priorización rigurosa, y mucho menos existe un acuerdo nacional sobre el tema. ¿Entonces, en base de qué análisis y qué acuerdo nacional se definió el contenido del segundo Fomilenio? No existen.

Vamos unos pasos atrás. El gobierno de Armando Calderón instaló la Comisión Nacional de Desarrollo, compuesta por personajes de reconocida capacidad de interlocución con todos los sectores del país: David Escobar Galindo, Sandra Barraza, Salvador Samayoa, Roberto Rubio, Bobby Murray y Francisco de Sola. Esta Comisión, que trabajó con autonomía pero también con pleno respaldo del gobierno, desarrolló una compleja y novedosa metodología de participación ciudadana e investigación académica para construir un Plan Nacional de Desarrollo. Es de este trabajo, que tomó en cuenta a los liderazgos políticos, empresariales y comunales en los territorios de todo el país, que se desprendieron dos megaproyectos: el Fomilenio I, enfocado en la zona norte del país, y el puerto de La Unión. Por la manera transparente y participativa cómo se habían diseñado estos proyectos, dentro del marco de una clara definición de prioridades y apuestas estratégicas para el país, ambos megaproyectos gozaron del consenso de todos los sectores del país.

Es uno de los méritos más importantes de la administración Flores que al asumir el gobierno mantuvo vigente el mandato de la Comisión Nacional de Desarrollo y siguió trabajando con las prioridades y metodologías establecidas. Esto explica que los dos megaproyectos se realizaron. Sin embargo, el gobierno Saca ya no siguió el guión elaborado y consensuado e hizo al lado la Comisión Nacional de Desarrollo y su Plan Nacional de Desarrollo. Esto explica que el puerto de La Unión, aunque se terminó su construcción física, nunca se concesionó y nunca, hasta la fecha, se puso a operar; explica también que el proyecto integral de desarrollo de La Unión, que daba sentido y proyección al puerto, se abandonó: ya no se persiguió el plan de un canal seco con Honduras, ya no se construyó el parque industrial al la par del puerto. El otro megaproyecto, el Fomilenio I con la Longitudinal del Norte, no sufrió la misma mala suerte, no por voluntad del gobierno, sino simplemente porque estaba en manos de una institución autónoma supervisada por Estados Unidos.

Y la administración Funes, al solo asumir el gobierno, le dio el tiro de gracias a la ya moribunda Comisión Nacional de Desarrollo. Una entidad tan autónoma y competente no cabía en su esquema de gobernabilidad.

Repito la pregunta, incluso de una manera bastante autocrítica: ¿A dónde estuvo ahora, cuando se diseñó el Fomilenio II y su enfoque, el debate nacional sobre el rumbo de las políticas públicas, sobre las apuestas principales del país, y sobre la definición de prioridades? El gobierno ni la Asamblea ni los partidos ni la academia ni las empresa privada ni los medios de comunicación generamos este debate. Todos dejamos que el gobierno de Funes lo definiera, sin transparencia, sin análisis, sin concertación, en negociaciones bilaterales con el gobierno de Estados Unidos. Pero el desarrollo y las apuestas estratégicas del país son demasiado importantes para dejarlos al gobierno. Cualquier gobierno, menos uno tan errático como el del FMLN.

Ya es tarde. Ya fue aprobado el Fomilenio II, y algo bueno va a traer al país. Pero para futuras decisiones vale la pena preguntarse: ¿Y si hubiéramos enfocado el segundo Fomilenio para poner en práctica otro megaproyecto diseñado por otra entidad competente desechada por Saca y Funes, el antiguo Consejo Nacional de Seguridad encabezado por Salvador Samayoa: la transformación de los barrios marginados, para romper el ciclo vicioso de marginación, violencia, represión y más violencia que se produce y reproduce en estas situaciones de gueto que viven estas comunidades suburbanas?
A lo mejor la prioridad número uno y la palanca para destrabar el problema de falta de crecimiento e inseguridad no era un megaproyecto en la zona costera, sino en el "triángulo de la muerte", en los barrios de Soyapango, San Martín, Tonacatepeque y Apopa. Según el plan bien fundamentado del difunto Consejo Nacional de Seguridad, que funcionó en el sexenio de Flores, con un fondo parecido al del Fomilenio se podía transformar, pacificar y lanzar al desarrollo buena parte de los territorios conflictivos, con escuelas de tiempo completo, mejoramiento de la infraestructura urbana, creación de oportunidades de empleo, etc.

Invito a hacer esta reflexión, porque el país sigue careciendo de capacidad de definir bien sus prioridades.
(El Diario de Hoy