jueves, 28 de abril de 2016

Carta a los 84 diputados y sus suplentes: Aténganse a las consecuencias de sus actos

Estimados ciudadanos:
Antes de votar por la confiscación de los ahorros de pensiones de los salvadoreños, lean con atención el art
ículo 106 de nuestra Constitución:

“Se prohíbe la confiscación ya sea como pena o en cualquier otro concepto. Las autoridades que contravengan este precepto responderán en todo tiempo con sus personas y bienes del daño inferido. Los bienes confiscados son imprescriptibles.”
.
¿Se acuerdan como termina su protesta cuando asumieron su cargo?: “…que Dios y la Patria os lo demanden.” 
Bueno, Dios no sé que hará cuando aprueban una confiscación inconstitucional, pero miles de ciudadanos tomaremos esto de forma muy literal y les demandaremos ante la justicia.
Saludos, Paolo Luers
(Mas!/El Diarioade Hoy) 

viernes, 22 de abril de 2016

Columna transversal: ¿Cuántas "emergencias" hacen un estado fallido?

Ya tenemos emergencia declarada de seguridad, carcelaria y de agua. What’s next? ¿Qué es lo siguiente? ¿Emergencia de inundaciones, porque en los suburbios el suelo ya no puede absorber las aguas lluvias? ¿Emergencia de educación y de salud, porque no les pagan sus escalafones y bonos a profesores, médicos y enfermeras? ¿Emergencia de huelga de policías? ¿Emergencia de Zika? ¿Emergencia de falta de medicamentos (en el Rosales ya se da, aunque el gobierno no lo declara)? ¿Emergencia de tráfico en el área metropolitana? ¿Emergencia del café? ¿Emergencia de pensiones? ¿Emergencia de altos costos de la energía que no permite crecimiento económico? ¿Emergencia aeroportuaria?

En un país vulnerable siempre habrá emergencias. Porque siempre hay problemas impredecibles, como destares naturales. Pero la mayoría de las emergencias que enfrentamos -y que el gobierno no sabe atender- surgen de problemas previsibles y prevenibles. Nadie critica al gobierno cuando se ve obligado a declarar estado de emergencia para atender un terremoto o tormentas. Por lo contrario: Todos nos sumamos al esfuerzo de superar este tipo de crisis.
Pero la emergencia carcelaria, aunque fue declarada hasta ahora, tiene décadas de existir. Muchos han advertido que se volverá insostenible. Un país no puede tener una política de seguridad que principalmente descansa en arrestar diariamente a docenas de personas sin invertir en nuevas cárceles. Por esto tenemos un sistema carcelario apto para 10 mil internos, pero metimos a más de 30 mil y nos sobran unos 4 mil que están en bartolinas de la policía - y a ellos el Estado ni siquiera puede garantizar la comida diaria y un lugar para dormir acostado. Ni hablar de asistencia de salud o de justicia pronta.
La emergencia del agua no es debida a un desastre natural que nos agarró de sorpresa. Es la suma de todas las negligencias y corrupciones de décadas.
La emergencia de medicamentos para administrar quimioterapia a los pacientes con leucemia no es resultado de que de repente nos hayan salido más pacientes, sino refleja la incapacidad del Ministerio de Salud de no programar algo perfectamente calculable. Saben cuántos pacientes hay, saben qué medicamentos necesitan a qué frecuencia – y no logran administrarlos…
La emergencia del café sí tiene que ver con una causa natural, la plaga de la roya, pero tampoco era imprevisible. Otros países han renovado a tiempo sus cultivos de café logrando un parque menos vulnerable a la roya. En El Salvador no hemos tenido políticas para asegurar la sostenibilidad de las fincas de café – y el precio de esta negligencia no solo pagarán los caficultores y sus trabajadores, sino todo el país con el impacto ecológico de la crisis del café.
La crisis de las pensiones, con la medicina que quiere administrar el gobierno, se convertirá en emergencia, con toda seguridad. Si regresamos al sistema de reparto, donde el Estado tiene que asumir la totalidad de las pensiones, programamos una emergencia que tendrían que atender los siguientes gobiernos. Y será no sólo una crisis de pensiones, sino una profunda crisis fiscal del Estado.
La crisis de energía es previsible para los próximos años, porque ya tenemos el tercer gobierno que no ha invertido en fuentes de energía sostenibles. No se ha terminado ninguna presa hidroeléctrica, y los dos proyectos diseñados (Chaparral y la ampliación de la 5 de noviembre) son tan infestados de mala planificación y de corrupción que al final tendrán costos que en vez de bajar el precio de la energía lo dispararán. Al mismo tiempo hemos sacado del país al socio internacional que tenía la capacidad de ampliar nuestra capacidad de generación geotérmica…
Nuestro aeropuerto internacional, hace 30 años el más moderno de Centroamérica, ahora ya es obsoleto y al punto de perder las clasificaciones internacionales de seguridad.
¿Cuántas “emergencias” hacen un estado fallido? 
(El Diario de Hoy) 

jueves, 21 de abril de 2016

Carta al fiscal general: ¿Una ley Mijango?

Estimado lic. Douglas Meléndez:
Leo en La Prensa Gráfica la siguiente frase, basada en declaraciones suyas: “La comisión legislativa de seguridad discutirá, en los próximos días, una propuesta de reforma penal para establecer penas de prisión para quienes hagan tratos, o lleguen a acuerdos, con pandilleros para conseguir beneficios, según dijo ayer el fiscal general de la República, Douglas Meléndez.”

No sé si usted se expresó de esta manera poco precisa (lo que en asuntos legales siempre es un problema peligrosos), o si el periodista no le captó bien la idea. Por ello, le voy a hacer un par de preguntas que usted debería aclarar antes de llevar esta iniciativa al seno de la Asamblea.

Dice: “Para conseguir beneficios…” ¿Beneficios de quién, señor fiscal? Si está hablando de beneficios de las pandillas, la iniciativa suya tendrá sentido. Por supuesto hay que castigar a quienes negocian con ellos armas, drogas, lavado de dinero, aunque no estoy seguro si para esto necesitamos nuevas leyes. Asumo que esto está cubierto en el código penal.

¿O estamos hablando de beneficios propios, es decir propios de los que negocian con pandillas? Bueno, tengan cuidado, porque lamentablemente todos los días empresas y ciudadanos se ven obligados a negociar con pandilleros sobre el monto y las modalidades de la renta que les imponen. La empresa que llega a un acuerdo sobre la renta, genera un beneficio propios: puede seguir distribuyendo sus productos en los barrios. Ya también genera un beneficio para la pandilla que reciben la renta. ¿Realmente queremos penalizar estas negociaciones? Hace poco un vocero del gobierno ya hizo declaraciones en esta dirección…

¿Y cómo encajan en esta iniciativa de ley las negociaciones que generan un beneficio para terceros, digamos para los habitantes de un territorio o para cierto sector del comercio? ¿Un alcalde que habla con las pandillas de su municipio para conseguir que los comedores y otros negocios de una zona de turismo popular sea segura y libre de extorsión, será perseguido bajo esta nueva legislación, aunque el beneficio es para cientos de familias y el público en general? ¿Un profesor de una escuela rural o un pastor que logra convencer a los pandilleros que dejen en paz a la escuela, con todo y alumnos y maestros, ustedes lo quieren convertir en delincuente? ¿O quieren que dejen de ofrecer sus buenos oficios, por miedo de persecución penal?

¿El que asume la difícil y a veces peligrosa misión de mediar entre pandilleros de diferentes clicas para que dejen de masacrarse entre ellos, afectando a la vez a todos que viven en los respectivos territorios – lo quiere criminalizar? ¿Quieren que ya nadie se atreva a ejercer el coraje civil para meterse donde todos están paralizados por miedo, unos de los pandilleros, otros de las autoridades que podrían interpretar su intervención como asociación ilícita?

En otra parte de sus declaraciones, usted lamenta que la ley actual no le permite acusar a los mediadores de la tregua del 2012-2013. Quizás sería buena que usted se tomara un par de horas para hablar con quienes hemos estado en este esfuerzo de reducir los homicidios (con mucho éxito) y las extorsiones (con menos éxito). Si tiene voluntad de escuchar, se dará cuenta que “la mediación” fue la suma de miles de intervenciones de cientos de personas que trataron de cortar las cadenas de venganza, de aliviar la situación de comunidades enteras, de quitarle las amenazas a muchos empresarios, escuelas, familias…

Releyendo la sentencia de la Sala de agosto 2015, la famosa sobre el terrorismo, me encuentro con esta frase:
No resulta admisible desde las bases del Estado Constitucional de Derecho, el uso de mecanismos para-jurídicos que impliquen negociaciones con el crimen en general, y menos con el crimen organizado, bajo las condiciones de reducir los índices delincuenciales a cambio de beneficios que no encajan en el marco normativo penitenciario que informa la finalidad de la pena art. 27 Cn.; o a cambio de dejar sin efecto la vigencia y aplicación de la legislación penal.

De esta jurisprudencia saco dos conclusiones: 1) De esto pueden derivarse implicaciones penales para aquellos funcionarios del Estado y del sistema judicial que tienen la facultad de otorgar este tipo de beneficios penitenciarios y o de suspender la aplicación de la legislación penal. Los ciudadanos no tenemos esta facultad y por tanto no podemos caer en esta ilegalidad. 2) Se habla claramente de “beneficios” fuera del marco de la ley. Beneficios que están dentro de la ley no constituyen ilegalidades, y por tanto pueden ser sujeto a diálogo e incluso negociación. Por ejemplo: acceso a programas de reinserción escolar o laboral.

Espero que usted, como garante del estado de Derecho, tome en cuenta todas estas consideraciones, antes de que los políticos, en su afán de mostrar mano dura, aprueban una ley especial insostenible para echar preso a Raúl Mijango.

Saludos,
e2b99-firma-paolo 

(mas!/El Diario de Hoy) 

sábado, 16 de abril de 2016

Carta al prepotente de ANDA: el problema es usted

Estimado señor Marco Fortín:
Luego de 7 años que usted preside ANDA, el gobierno tuvo que declarar otro estado de emergencia, esta vez del agua. Ya sabemos que usted no va a renunciar voluntariamente de este cargo que le da tanto poder de vivir su prepotencia y otras tentaciones… Su chero Mauricio Funes lo puso “donde hay”, y por razones que nadie entiende, el profesor Sánchez Cerén lo mantuvo, a pesar de las permanentes quejas, denuncias, protestas.

Lo más lógico hubiera sido que al declarar emergencia de agua le hubieran despedido. Pero parece que el FMLN prefiere mantener la crisis permanente de ANDA para hacer presión que aprueban la Ley General de Agua del FMLN, con todas sus medidas confiscatorias…
El gobierno prefiere ir por el “estado de emergencia”, porque le permite contrataciones directas sin licitaciones y otros candados presupuestarios.

Los expertos serios sostienen que no es falta de agua lo que genera esta crisis sino la mala administración y falta de mantenimientos. Luego de 7 años de dirigir ANDA ya no pueden echar la culpa a los 20 años de ARENA, aunque todos sabemos que los gobiernos anteriores tampoco administraron bien el recurso agua.

Usted nos cuenta que al bajar el nivel del agua en los pozos se le quemaron 15 bombas. Si quiere, le conecto con el viejito que me está dando mantenimiento a los sistemas de agua en mi negocio y en mi casa. Le puede poner los flotadores y relés que apagan las bombas. Es veterano de guerra y aprendió mecánica en los talleres guerrilleros en Chalate.

En El Diario de Hoy de viernes 15 publicamos la gráfica que demuestra que el 38.16% del agua que ANDA produce se pierde por fugas (números de 2014).

EDH20160415EN_002P EDH20160415EN_003P

En el 2009, cuando ustedes se hicieron cargo del gobierno y de ANDA, la fuga era de 35.03%. ¿Qué ha hecho usted en 7 años, si solo redujo la escandalosa fuga del sistema de agua en un miserable 3%?
Si quiere de veras atacar la crisis del agua, el gobierno debe impulsar un par de medidas lógicas:

-Contratar a un presidente de ANDA probo, competente e independiente que convierta la institución en una verdadera autónoma.

-Echar a todos los cuadros del FMLN que han metido a ANDA en los últimos 7 años (entre otros, para vigilarle a usted), y sustituirlos por profesionales competentes.

-Eliminar de la Ley General de Agua toda la carga ideológica y las medidas confiscatorias y centralizadoras, para que al fin el país pueda consensuar un marco legal moderno para la política del agua.

-Crear una Autoridad Autónoma Metropolitana de Agua, con participación de ANDA y los gobiernos locales, con una Junta Directiva compuesta por profesionales independientes y competentes.

-Tomar como base para las tarifas el costo real del agua, con un sistema de subsidios que favorece a las familias que viven en pobreza, y con tarifas de volumen para aquellas industrias que dependen del suministro de agua a precios competitivos.

-Definir un plan de inversión, a lo mejor mediante Asocios Público Privados, para 3 fines: modernizar todo el sistema de suministro de agua, incluyendo las tuberías; construcción de plantas de reciclaje de las aguas residuales y negras del área metropolitano; construcción de reservorios de captación de aguas lluvias.

Pero para todo esto, señor Marco Fortín, usted sería obstáculo. Hay que removerlo.

Saludos,


(MAS!/El Diario de Hoy) 

martes, 12 de abril de 2016

Carta al director de la PNC: ¿Quién anda matando, comisionado?

Estimado Howard Cotto:
¿Se dieron cuenta cómo han cambiado las noticias diarias de homicidios? Solo revisen los titulares y se darán cuenta que lo que se registra son homicidios múltiples de supuestos miembros de pandillas, en diferentes partes del país. Nada de policías asesinados. Nada de soldados asesinados. Pocas notas de pandilleros matando a ciudadanos.

Titular de La Prensa Gráfica de lunes 11 de abril: “Diez pandilleros mueren en tres homicidios múltiples. Los crímenes fueron cometidos ayer en los municipios de San Juan Nonualco, Monte San Juan y en la playa El Cuco.”

El Diario de Hoy, domingo 10 abril: “Mueren seis pandilleros en dos tiroteos.” Incluso, las comunicaciones del gobierno reflejan lo mismo: “El Director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, brindó este lunes un consolidado de las acciones de seguridad realizadas durante el periodo vacacional de Semana Santa, entre las que destacó 18 enfrentamientos armados que dejaron como resultado 20 pandilleros muertos”. (Diario 1, 28 de marzo).

¿Qué está pasando, comisionado? Las pandillas han emitido dos pronunciamientos, reiterando su decisión de unilateralmente suspender acciones violentas. Parece que en buena parte lo están cumpliendo. La estadística diaria de las muertes lo confirma.

Sin embargo, siguen muriendo pandilleros todos los días, siempre en incidentes de homicidios múltiples, donde sabemos quiénes son los muertos, pero nunca sabemos quiénes son los responsables de estas muertes.

Los periódicos dedican páginas enteras a estos eventos, y comienzan a surgir las interrogantes, no solamente en El Faro, sino igual en los rotativos principales: ¿Hay operativos de “limpieza social”, y de quiénes? ¿Hay comandos de exterminio, y de quiénes? ¿Qué ha investigado la PNC al respecto? ¿O acaso no hay investigaciones?

San Blas, Zaragoza, San Hilario, Mercedes Umaña, Monte San Juan, Playa Cuco… Una lista larga de lugares donde se cometieron masacres y donde no conocemos los resultados de las investigaciones.
Vemos fotos de supuestos pandilleros muertos, luego de “enfrentamientos con la Policía”, pero los muertos andan en calzoncillos o descalzos. ¿Se enfrentaron así con la PNC, o fueron sorprendidos?

Aunque muchos ciudadanos, tal vez la mayoría, se muestran contentos de las muertes de delincuentes, hay que hacer estas preguntas incómodas a ustedes, comisionado. Y la PNC las tendrá que contestar, por el bien de la misma institución.

La Prensa Gráfica, que no está bajo sospecha de defender a pandilleros, ya asume que se trata de crímenes: “Los crímenes fueron cometidos ayer en los municipios de San Juan Nonualco, Monte San Juan y en la playa El Cuco”, escribe el 11 de abril, para luego detallar que cuatro de ellos, en Monte San Juan, murieron “en un enfrentamiento con agentes policiales.”

¿Será que los pandilleros sostienen el “cese al fuego” que según ellos ordenaron a todos los miembros de las tres pandillas principales y que lo que vemos reflejado en las masacres de las últimas dos semanas son acciones de exterminio?

Todo lo que pido es que usted, como director general de la PNC, explique en público lo que está pasando y lo que ustedes están investigando.

Ojo, Howard: No estoy acusando a nadie. Estoy haciendo las preguntas que pocos se atreven a hacer en esta coyuntura. Algo de información relevante deben tener ustedes.

Muchos dirán que no importa, que son delincuentes y merecen la muerte que ellos mismos siembran. Pero nosotros, los periodistas y los policías, no podemos asumir esta posición.

Saludos,

e2b99-firma-paolo 

(Mas!/El Diario de Hoy)

sábado, 9 de abril de 2016

Carta a los colegas de El Faro: No se quemen con esta papa caliente

Estimados colegas:
Asumo que el consorcio internacional que administra la explotación periodística de los “Panama papers” tuvo una razón para invitar a El Faro para hacerse cargo de todos los datos relacionados con personalidades, bancos, políticos o empresas salvadoreñas. Asumo además que la razón de escoger a ustedes tiene que ver con la comprobada capacidad investigativa e independiente de El Faro.

Me imagino que están conscientes que asumieron una gran responsabilidad. Ustedes tienen el monopolio para analizar este material, o sea de todos los datos de la firma panameña Mossak Fonseca, sus clientes, la constitución de sociedades anónimas, las transferencias de fondos, la comunicación entre abogados y sus clientes. Nadie más tiene acceso. Exclusivamente del criterio de ustedes depende qué parte de este material se hará público – cómo: completo o parcialmente. Está en sus manos decidir quiénes de los clientes salvadoreños de la firma panameña “hackeada” serán exhibidos y quiénes no.

Mejor hubiera sido, como se ha hecho en otros países, dar acceso al banco de datos a varios medios, para tratar de evitar manejos parcializados. Por ejemplo, el periódico alemán Süddeutsche Zeitung, que originalmente recibió el banco de datos invitó a equipos de investigación periodística de dos otros medios alemanes a compartir el trabajo de análisis, selección y publicación.

Además, el Süddeutsche Zeitung SZ estableció una regla: “La SZ no publicará todos los nombres que se encuentran en los Panama papers. En el caso de muchas personas y empresas que se mencionan en los datos, no existe ningún interés público justificado para exponerlos. Este interés sólo existe, cuando hay indicios que se cometió un delito, por ejemplo fraude fiscal. Un ejemplo ficticio: Si un banquero alemán esconde sus propiedades en la isla de Mallorca en una sociedad anónima que no está a su nombre, pero está pagando debidamente los impuestos sobre este patrimonio, no tenemos ninguna razón para publicar su caso.”

Hasta la fecha ustedes publicaron dos casos de los ‘Panama papers’: el de Mecafé, que involucra a Michi, la novia de Mauricio Funes, y a la empresa SUBES, relacionada con el Sitramss; y el caso de la familia Eserski y TCS.

El periódico alemán, el medio líder en las relevaciones sobre compañías y cuentas offshore, aplicando sus criterios arriba citados, con toda certeza hubiera publicado el primer caso, porque hay serias dudas sobre los orígenes de los fondos.

En cambio, el caso TCS, así como está presentado por El Faro, no arrojo indicios de posibles delitos. Yo no digo que no pueden existir, pero ustedes no han logrado establecerlos.

Los monopolios nunca son buenos. Mucho menos en asuntos tan delicados. Sería mucho mejor que ustedes dieran a otros medios nacionales acceso a los datos de Panamá que recibieron. No es sano que dependa exclusivamente de los criterios y filtros ideológicos de un solo medio decidir cuáles son las informaciones relevantes y a cuál persona, político o empresa exponer. Créanme, no es desconfianza específica con ustedes. Siempre es mejor tener mecanismos de control sobre la manera como se selecciona datos tan delicados.

Todos tenemos filtros ideológicos y prejuicios, y mucho los tienen tan torcidos que quienes escribimos tenemos que tener cuidado con qué provocamos. La reacción a los ‘Panama papers’ demuestra que aquí hay muchos que piensan que cualquier persona que mantiene cuentas, inversiones, o operaciones empresariales en Panamá es lavador de pisto o evasor de impuestos

Obviamente, no es así. Cualquier figura legal (cuenta, sociedad, convenios) puede servir para fines perfectamente lícitos o para fines criminales. Tener cuaentas o sociedades en Panamá no es delito. Usarlas para fondos ilícitos es otro cinco, y hay que establecerlo antes de publicar secretos bancarios o de negocios. Como dijo SZ de Alemania: debe existir un legítimo interés público para publicar información obtenida, de manera ilegal, de los archivos de un bufete de abogados.

Espero que ustedes actúen con la máxima responsabilidad. La mejor manera de hacerlo sería compartir los datos

Saludos,
e2b99-firma-paolo 

(Mas!/El Diario de Hoy) 

martes, 5 de abril de 2016

Carta a Enrique Altamirano, editorialista de El Diario de Hoy

Estimado don Enrique:
Su editorial del día lunes 4 de abril (“Cuídese, presidente Santos, de la narcogurrilla roja”) no puede quedar sin respuesta, por el bien del periódico, en el cual tengo el honor de poder escribir libremente mi opinión – periódico que su padre fundó durante la dictadura del general Martínez para abrir espacio de crítica; periódico que usted dirigió durante los años del conflicto armado; y que ahora dirige su hijo Fabricio. Fue Fabricio quien me invitó a mi y otros, que no correspondemos a la línea política tradicional del Diario, a incorporarnos al staff de columnistas y al Consejo Editorial.


Gracias a la visión y el compromiso democrático de sus hijos, el Diario está desarrollando una cultura de tolerancia y debate y un pluralismo tan amplio que perfectamente cabe su voz como editorialista, como la voz de Salvador Samayoa, firmante de los Acuerdos de Paz, y la mía sobre la necesidad de abrir un nuevo diálogo de paz para resolver el problema de las pandillas y la violencia.

Dentro de un pluralismo democrático las diferentes opiniones no simplemente cohabitan, a veces chocan. Bueno, a mi chocó su editorial del día lunes 4 de abril, donde vuelve a dejar claro que usted nunca entendió ni mucho menos aceptó los Acuerdos de Paz como mecanismo, no solo para terminar la guerra, sino para refundar la República, esta vez con todo el espectro político-ideológico incluido.
Los Acuerdos de Paz de El Salvador obviamente tuvieron sus fallas, y es necesario analizarlas y criticarlas. Pero usted los descarta del todo, simplemente porque no le gusta que se haya negociado con los guerrilleros, que usted sigue viendo como terroristas; porque no acepta que los Acuerdos de Paz le abrieron a los guerrilleros la puerta a participar como partido político; y porque mucho menos le gusta que 17 años después el FMLN ganó las elecciones y asumió el gobierno. Y obviamente porque no le gusta como el FMLN gobierna.

Bueno, a mi tampoco me gusta como Funes gobernó y como Salvador Sánchez Cerén gobierna. Pero el FMLN gobierna, no porque los Acuerdos de Paz hayan puesto en peligro el Estado de Derecho, la independencia de los poderes, las libertades ciudadanas.

El FMLN no llegó al poder subvirtiendo el orden republicano, sino por votación popular – o sea porque una mayoría de la ciudadanía dejó de confiar en ARENA.

El FMLN llegó al poder y saldrá del poder, si el soberano así lo decida en el 2019, precisamente porque los Acuerdos de Paz consolidaron la democracia y establecieron el pluralismo político.
Usted dice que “la guerrilla continuó secuestrando a empresarios después de la firma en Chapultepec”. Correcto. Y así la derecha. Por cierto, en ambos bandos las violaciones a los Acuerdos de Paz fueron aislados y ambos los superaron rápido. Nadie dice que el proceso de paz fue perfecto y no tuvo contratiempos.

Toda la crítica que usted hace a la manera como el FMLN gobierna es legítima, pero no es argumento contra los Acuerdos de Paz y su principal y esencial logro: la inclusión de la insurgencia izquierdista en el sistema político y el Estado de Derecho. Su argumento estrella: El FMLN está abusando del gobierno, llenando al Estado con activistas de izquierda. Es un argumento válido para criticar al FMLN, pero no para cuestionar la legitimidad de su inclusión al sistema democrático. No se olvide que esto ha sido práctica también del PCN, del PDC y de ARENA, cuando les ha tocado gobernar. Acuérdese de los miles de activistas de ARENA que el gobierno de Paco Flores tuvo que sacar del reino de Mario Acosta en el Ministerio del Interior. Estamos hablando de un problema de nuestra democracia que quedó sin resolverse. Pero no es culpa de los Acuerdos de Paz, sino del funcionamiento deficiente que todas las fuerzas políticas, de izquierda como de derecha, han dado a la joven democracia y su Estado.

Los Acuerdos de Paz del 1992, aunque usted no lo quiere reconocer, hicieron básicamente dos cosas, y las hicieron bien: Obligaron a la izquierda a dejar las armas, permitiéndole hacer política. Y obligaron a la Fuerza Armada y la policía a dejar la política, dejándole el monopolio de las armas.

El presidente Santos puede aprender mucho de El Salvador. Y si hace bien su misión histórica de construir la paz, nosotros podremos aprender mucho de Colombia para resolver el problema de la violencia y la reinserción de los cientos de miles de salvadoreños que viven al margen de la ley y de la economía.

Saludos,
 e2b99-firma-paolo 
(Mas!/El Diario de Hoy)

El editorial en cuestión:
Cuídese, presidente Santos, de la narcoguerrilla roja

La respuesta de don Enrique Altamirano:
Se pacta la desmovilización pero no desobedecer la ley